Bibliotecas de la Universidad de Concepción

Investigación tecnológica y derechos fundamentales, comentarios a las modificaciones introducidas por la Ley 13/2015, Javier Ignacio Zaragoza Tejada, coordinador ; autores, Jorge Armando Bermúdez González, Julian García Marcos, José Perals Calleja, Elvira Tejada de la Fuente, Eloy Velasco Núñez, Javier Alberto Zaragoza Aguado ; prólogo: Consuelo Madrigal Martínez-Pereda

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Bibliografía: páginas 509-512

no index present

non fiction

Investigación tecnológica y derechos fundamentales

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Javier Ignacio Zaragoza Tejada, coordinador ; autores, Jorge Armando Bermúdez González, Julian García Marcos, José Perals Calleja, Elvira Tejada de la Fuente, Eloy Velasco Núñez, Javier Alberto Zaragoza Aguado ; prólogo: Consuelo Madrigal Martínez-Pereda

Grandes tratados Aranzadi, 928

comentarios a las modificaciones introducidas por la Ley 13/2015

La investigación de las actividades delictivas que se planifican y desarrollan en el ciberespacio requiere, en muchas ocasiones, de la utilización a dicho fin de las propias herramientas tecnológicas. La potencialidad y las capacidades que ofrecen estas herramientas son frecuentemente el único medio que hace factible el descubrimiento de la acción criminal y la determinación de sus responsables y por tanto, el ejercicio en defensa de la sociedad de la acción sancionadora del Estado frente a esas ilícitas conductas. Se trata, no obstante, de instrumentos y/o técnicas de investigación claramente invasivas que pueden afectar a derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, por lo que es imprescindible que su utilización quede supeditada, en todo caso, al respeto debido a dichos derechos y libertades y a las garantías inherentes al Estado de Derecho. La ley Orgánica 13/2015 de 5 de octubre incorpora a la Ley de Enjuiciamiento Criminal la regulación detallada de una pluralidad de medidas de investigación tecnológica, en la que se conjugan ambos parámetros: reforzar la capacidad investigadora del Estado ante esta nueva forma de delincuencia y garantizar los principios y valores que sustentan nuestro ordenamiento jurídico. Con ese objetivo, el legislador ha recogido y sistematizado la doctrina que venían estableciendo los Tribunales nacionales e internacionales sobre muchas de las técnicas de investigación limitativas de derechos, como también -en un meritorio esfuerzo de armonización normativa- algunas importantes herramientas que, con esa misma finalidad, se han definido en disposiciones normativas y convenios internacionales sobre la materia